La cuestionada reforma de la justicia

Hasta en medio del fuego cruzado entre Pablo Casado, Pablo Iglesias y Santiago Abascal que se produjo en el debate de la moción de censura presentada por Vox, Pedro Sánchez anunció la paralización del proyecto que había presentado unas horas antes para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial -CGPJ- sin requerir los números que exige la Constitución.

Otro flaco favor para una independencia judicial que acumula cada día más cuestionamientos conforme aumentan los casos de corrupción y disminuye la paciencia de los ciudadanos. «La reforma del Poder Judicial que plantean PSOE y Podemos no garantiza la división de poderes, la regeneración democrática ni la lucha contra la corrupción», resumía Edmundo Bal (Cs) el pasado 13 de octubre. Bal, abogado del Estado de profesión, es una de las voces más claras en medio de este debate.

La reforma a la que se refería Bal era la apuesta de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para renovar el CGPJ sin tener que contar con los votos de los diputados que el Partido Popular (88) y Ciudadanos (10) tienen en el Congreso, algo que a la Comisión Europea no le ha sentado muy bien por poner al órgano de gobierno de los jueces en una situación «vulnerable a la politización».



La Constitución marca que de los veinte miembros del CGPJ, cuatro son elegidos por el Congreso de los Diputados y otros cuatro por el Senado. En «ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros». De los 12 miembros que deben ser Jueces o Magistrados, son elegidos 6 por el Congreso y 6 por el Senado, de entre una lista de 36 candidatos propuestos por las asociaciones de jueces o por jueces no asociados.. En el caso del Congreso de los Diputados, necesitan sumar 210 votos. En el Senado, 171.

La conocida como coalición de la investidura no llega a esos números. La unión de PSOE (120), Unidas Podemos (35), PNV (6), Más País-Compromís (3), Nueva Canarias (2), BNG (1) y Teruel Existe (1) no llega a los 210 votos necesarios. Un mecanismo diseñado a propósito para que ninguna formación política pueda imponer su criterio al resto de la cámara.

En el Senado la cosa se complica aún más. El Partido Popular cuenta con 97 senadores, lo que lo hace imprescindible para la elección.



Pero el Partido Socialista y Podemos quieren renovarlo a toda costa. Los dirigentes judiciales llevan en funciones varios años. Y por ello quieren aprobar una reforma en el sistema de elección para que puedan elegir a los miembros por mayoría absoluta en una suerte de segunda votación. De ser necesarios 210 votos, tan sólo necesitarían 176.

El Partido Popular, por su parte, quiere que el PSOE vuelva a la mesa de negociación y ha establecido tres condiciones que anunció García Egea en su perfil de Twitter. En primer lugar, los ‘populares’ exigen la retirada de la propuesta de modificación que registró el PSOE que, aunque paralizada, sigue vigente en el Congreso. En segundo lugar, piden la despolitización de la elección del propio Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía, que está actualmente ocupada por Dolores Delgado, la antigua ministra de Justicia. Y en tercer lugar, quieren excluir a Podemos de todas las negociaciones.

Ciudadanos no quiere que sean los políticos quienes elijan a los jueces. En septiembre, el partido naranja presentó una propuesta para despolitizar la elección en el congreso que cosechó los votos a favor del Partido Popular, que había rechazado posiciones similares en la anterioridad.



Para Podemos la elección debía ir más allá y que los miembros fueran elegidos por los ciudadanos. Conscientes de los problemas que supondría poner este sistema en marcha, también planteaban una reforma hasta que se pudiera llevar a cabo «mejorando» el sistema de elección para reforzar su independencia, según su programa electoral.

Vox plantea que se vuelva al sistema de elección de 1980 y que sean los propios jueces los que elijan a sus vocales mediante elecciones.

Deja un comentario